Los objetivos que persigue la Ley 34/2015, de 21 de septiembre son el reforzamiento la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración Tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia. También pretende prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Y por último incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.
